El 2026 comenzó con uno de los procesos judiciales más trascendentales para la industria tecnológica global. Desde inicios de febrero, Meta y Google enfrentan un juicio en el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusadas de haber diseñado plataformas digitales que podrían fomentar dinámicas adictivas en menores de edad y provocar afectaciones en su salud mental.
Esta semana, Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, compareció ante el estrado en un hecho que ya es considerado histórico. Por primera vez en un escenario judicial de esta magnitud, el empresario respondió públicamente sobre los posibles impactos de redes sociales como Facebook e Instagram en adolescentes.
El caso que abrió la puerta al debate
El proceso judicial se origina en la demanda presentada por una joven identificada como K.G.M., quien hoy tiene 20 años. La demandante sostiene que comenzó a usar redes sociales desde la infancia y que ciertas funciones —como el desplazamiento infinito de contenido (scrolling) y la reproducción automática de videos— contribuyeron a deteriorar su salud mental.
Según su testimonio, la exposición prolongada a plataformas como YouTube, Instagram y otras redes habría influido en cuadros de depresión, ansiedad y conductas autolesivas. El tribunal seleccionó este caso como “juicio bellwether”, es decir, un proceso piloto que servirá como referencia para más de 1.500 demandas similares en Estados Unidos contra empresas como Meta, Google, Snap Inc. y TikTok.
Antes del inicio del juicio, Snapchat y TikTok alcanzaron acuerdos confidenciales con la demandante. Sin embargo, Meta y Google decidieron continuar el litigio.
Las preguntas clave en el estrado
Durante su declaración, Zuckerberg fue interrogado sobre si las plataformas fueron diseñadas deliberadamente para captar y retener la atención de menores de edad. El abogado de la parte demandante cuestionó especialmente las estrategias utilizadas para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios.
El CEO reconoció que en los primeros años de la compañía existieron métricas relacionadas con el tiempo de uso, pero aseguró que hoy el enfoque se centra en ofrecer “valor y utilidad”. También sostuvo que Instagram no permite la presencia de menores de 13 años, aunque la parte acusadora argumentó que los controles de verificación fueron reforzados apenas en años recientes.
La discusión jurídica gira en torno a si el diseño algorítmico —y no el contenido generado por los usuarios— puede constituir responsabilidad directa de las compañías.
Un juicio que desafía precedentes legales
El caso resulta especialmente relevante porque cuestiona el alcance de la Sección 230 (frecuentemente citada como escudo legal de las tecnológicas), norma que históricamente ha protegido a las plataformas frente a responsabilidades por contenido publicado por terceros.
En esta ocasión, la controversia no se centra únicamente en lo que los usuarios publican, sino en cómo están estructurados los sistemas de recomendación, notificaciones y recompensas digitales.
Si el tribunal determina responsabilidad empresarial, podría abrirse la puerta a nuevas regulaciones y a la implementación obligatoria de herramientas de protección reforzada para menores.
¿Existe realmente la “adicción” a las redes?
El debate científico aún no es concluyente. Aunque diversas investigaciones han señalado correlaciones entre el uso intensivo de redes sociales y problemas emocionales en adolescentes, no existe una definición médica universalmente aceptada sobre la “adicción a redes sociales”.
Directivos como Adam Mosseri, responsable de Instagram, han diferenciado entre una adicción clínica y un “uso problemático”, comparándolo con el consumo compulsivo de series o videojuegos. No obstante, críticos argumentan que los algoritmos de recomendación están diseñados para maximizar la interacción, lo que podría reforzar patrones de consumo prolongado.
Lo que está en juego
El juicio podría extenderse entre seis y ocho semanas y marcará el rumbo de al menos 22 procesos similares previstos para este año. Más allá de una eventual indemnización económica, el verdadero impacto podría sentirse en el rediseño estructural de plataformas digitales utilizadas por millones de jóvenes en el mundo.
Padres de familia, asociaciones civiles y expertos en salud mental observan con atención. Para muchos, este proceso no solo evalúa la responsabilidad de empresas específicas, sino que abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre innovación tecnológica, libertad de expresión y protección de la infancia.
El veredicto no solo afectará a Meta o Google. Podría redefinir el marco legal bajo el cual operan las redes sociales en la era digital.